18 enero 2013

JCE buscará hacer cambio de cédula mediante empresa privada

                    
La Junta Central Electoral (JCE) informó que en los próximos días iniciará un proceso de licitación para escoger una empresa para el cambio de cédula de identidad y electoral, uno de los requisitos es que la empresa deberá iniciar el cambio del documento al pueblo dominicano, con fondos propios.

La decisión se tomó en la reunión del pleno de la JCE que se realizó en la tarde de ayer, en la cual se trataron cinco puntos.

Aprobó que la licitación sea única e internacional, que el término de vigencia de la cédula será de 10 años y que los oferentes hagan propuestas de financiamiento para el primero y segundo año de ejecución del contrato, para que la empresa beneficiaria puedan desarrollar los trabajos con recursos propios o financiados. La JCE no tendría que disponer de dinero.

Agregó que de esa forma la empresa beneficiaria podría empezar el proceso de emisión de la nueva cédula este año.

Se solicitará a algunas personalidades que integren una comisión de observación del proceso de licitación, entre las que podrían estar el doctor Rafael Molina Morillo, la doctora Carmen Imbert Brugal, los comunicadores Danny Alcántara y Pablo Mackinny.

“Tuvimos una larga discusión sobre los términos o pliegos de condición para la selección de las empresas que se encargarán de suplir los materiales, insumos, equipos y servicios para la impresión de una nueva cédula de identidad y electoral, lo cual debe ser aprobado por el comité de licitación, no por el pleno.

Rosario rechazó que sean terceros los que manejen los documentos de nacionalidad.

Aclaró que lo único que se va a licitar es la adquisición de los equipos, insumos y materiales.

Dinero de los partidos. Rosario informó que la próxima semana depositará en el Congreso Nacional un proyecto de ley que contempla pasar la administración de los recursos para los partidos políticos a la Dirección de Presupuesto, con la supervisión de la Cámara de Cuentas.

En la reunión del Pleno se trataron cinco puntos, entre estos la entrega de los documentos requeridos por la Cancillería relativos a la demanda contra el país ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el caso inmigrantes haitianos, el traspaso de la administración de los recursos de los partidos políticos a la Dirección de Presupuesto, para lo cual se preparó un proyecto de ley.

 
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