viernes, noviembre 25, 2011
ComunidadRD
En caso complejo, es decir, cuando no hay suficientes elementos probatorios contra el o los imputados se aumenta a 36 meses.
Cuando ocurra un caso de violencia de género o
intrafamiliar, aunque la querella sea retirada por la persona afectada,
el Ministerio Pública tendrá la facultad de continuar la acción legal
contra el o los imputados.
Un total de 129 legisladores de las diferentes
bancadas acogieron el informe favorable por el proyecto, y no votaron
por ésta Hugo Tolentino Dipp, Karen Ricardo, Pelegrín Castillo, Juan
Hubieres y Alejandro Jerez.
Se dispuso una modificación del artículo 15 para
establecer un plazo de cinco días para que el juez intime al superior
inmediato del Ministerio Público actuante, antes de declarar extinta la
acción penal, y aumenta a quince días el plazo para que la víctima
formule su requerimiento. También establece la responsabilidad civil del
Ministerio Público por el mal desempeño de sus funciones.
En el artículo 179, autoriza al juez a conceder el
registro de lugares en horas de la noche en caso de narcotráfico,
secuestro o terrorismo, y mediante el artículo 80 se dispone el retiro
de la facultad a la Policía Nacional de solicitar orden de allanamiento
para el registro de recintos privados en ausencia del Ministerio Público
o de urgencia.
Igualmente, acogiendo el informe de la comisión
que estuvo a cargo el estudio del proyecto, los diputados reformularon
el artículo 241 para ampliar a 24 meses la prisión preventiva, y el 370
permitirá aumentar en los casos complejos de 18 a 36 meses.
Se incluyó el traslado de la acción pública a
instancia privada, la invasión y ocupación de propiedad, al igual como
la falsedad de cheques, que se contemplaba en el artículo 31, y eleva a
tres años el máximo de la pena imponible de privación de libertad como
el porte y tenencia ilegal de armas de fuego o violación a la ley de
drogas.
Las modificaciones en sus artículos 38 y 40
establecen una prohibición a la solicitud de la suspensión condicional
de la pena en materia de violencia intrafamiliar, aunque la pena no
exceda el límite establecido en el CPP que establece que la conciliación
en materia de violencia intrafamiliar solo se procurará, si no está en
peligro la integridad física o psíquica de la víctima.
La nueva legislación dispone mediante la
modificación del artículo 72, que los jueces de primera instancia
podrán conocer, de modo unipersonal, de infracciones que conlleven penas
privativas de libertad hasta cinco años.
En tanto, que el artículo 188 fue cambiado en su
contenido para que se imponga un plazo de 48 horas al Ministerio
Público para comunicar al juez sobre el secuestro de objetos en ocasión
de un registro o delito flagrante, así como también el 224, que amplía
los presupuestos para el arresto y se homologa el plazo para la
detención en cuarenta y ocho horas.
DEBATES
Durante los debates, el presidente de la Cámara de
Diputados, Abel Martínez, exhibió imágenes de crímenes, y otros hechos,
cometidos por presuntos delincuentes que dijo se pasean por las calles.
Alegó que los legisladores están listos para
aprobar leyes que castiguen a los “azarosos delincuentes que llevan
luto, sangre y dolor a nuestra familia dominicana. La delincuencia y el
crimen organizado no tendrán padrinos en la Cámara de Diputados”.
El presidente de la subcomisión de Justicia de la
Cámara de Diputados, Giovanny Tejada, al rendir el informe, dijo que se
escucharon a diferentes sectores del país en vistas públicas, por lo
cual se pudo rendir un informe casi perfecto.
Tejada dijo que “la República Dominicana vive
momentos galopantes de delincuencia, y algunos sectores atribuyen este
elemento a la actual normativa procesal vigente, pero entendemos que el
auge de este flagelo se debe no solo al Código, sino a otros males
sociales”.
Resaltó la necesidad de que sean establecidas
medidas que detengan la fábrica de los delincuentes con mecanismos
preventivos, empleos y educación.
En tanto, que el vocero del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Víctor Suárez, manifestó que “las
innovaciones del Código, incluyen aspectos muy diversos, materias como
los plazos establecidos para ejercer derechos, acciones y recursos, que
conduzcan a la resolución expedita del procedimiento penal,
fortaleciendo con ello las garantías que ostentan las víctimas de
delito”.
Afirmó que el nuevo Código Procesal Penal, delinea
procedimientos para ejercer medidas coercitivas y, en su caso, el
arraigo de personas acusadas de cometer un hecho ilícito y toma en
consideración acusaciones que pesen previamente en contra de los
infractores y además integra cualquier investigación abierta en la que
figure el acusado.
Expresó que “con la realización de esas
modificaciones se da respuesta a la necesidad de cambio exigido por
nuestra sociedad en la dinámica de la investigación, la persecución
penal y el juicio”.
De su parte, el diputado Juan Hubieres, dijo que
los niveles de criminales rondan en el país en un 24% con tendencia a
aumentar, y expuso que las penas máximas y menores no evitarán que hayan
más o menos crímenes en el país, “porque aquí hay más de cien mil
profesionales y 800 mil jóvenes sin trabajo, que es una perfecta fábrica
para que se hagan cosas indebidas”.
También pidió al pleno, que se estableciera en el
Código la no prescripción de actos de corrupción cometidos por
funcionarios durante sus funciones.
Henry Merán, del PLD por San Juan de la Maguana
sostuvo que la Cámara de Diputados asumió responsabilidad para darle al
país un verdadero instrumento que garantizará la seguridad ciudadana.
“Para modificar este Código se realizaron vistas
públicas en todos los rincones del país, y todo el que tenía que aportar
lo pudo hacer en la casa de la democracia, que es el Congreso
Nacional”, precisó Merán.
Pelegrín Castillo, sostuvo que se ha dado un paso
trascendental, y pidió que el debate del tema se aplace para la próxima
sesión, para edificar más al pleno, por lo que pidió se dejara la pieza
sobre la mesa, moción que fue rechazada por el hemiciclo.
Ramón Rogelio Genao, portavoz del bloque del
Partido Reformista Social Cristiano, indicó que el primer problema de
los dominicanos es la seguridad ciudadana, “y precisamente a este mal
hoy de manera especial, la Cámara de Diputados le está dando respuesta
para reducir la delincuencia”.
Adujo que este Código con sus reformas fortalecerá
las acciones del Ministerio Público y de la Policía, sin dejar de
garantizar los derechos a los imputados. “Hoy seguimos haciendo
historia, y pido a todos mis colegas aprobar a unanimidad en primera
lectura el nuevo Código”
El vocero del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), Ruddy González, significó que los perredeistas respaldaron el
proyecto y su informe, que no sólo es de la comisión, sino del pueblo,
quien tuvo la oportunidad de expresarse, por lo cual la pieza estaba
suficientemente consensuada, y solicitó el cierre de debate.
El reformista Marino Collante dijo que la sociedad
dominicana debe sentirse satisfecha porque dejará de sufrir por las
ineficiencias del vigente Código Procesal Penal.
OTRAS NOVEDADES DEL PROYECTO
Entre las novedades de la propuesta, el diputado
Henry Merán, miembro de la comisión, resaltó la imposición obligatoria
de la prisión preventiva contra los imputados de asesinato, narcotráfico
y otros delitos graves, así como la apertura del accionar público en
los casos de golpes y heridas provocados en un contexto de violencia
intrafamiliar.
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