Dice el procurador tiene una obsesión contra Amable

El jurista Julio Cury aseguró ayer que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, tiene una “delirante obsesión” contra del senador Amable Arity Castro, una situación que, a su juicio, “lo estaría empujado a ejercer sus funciones en violación a los principios de legalidad y objetividad”.

Dijo que el jefe del ministerio público ha estado “derrochando tinta y saliva” en los medios de comunicación para endilgarle al legislador por La Altagracia la comisión de ilícitos penales en base a dos auditorías que el director del DPCA, Hotoniel Bonilla García, desechó durante la investigación que realizó y luego archivó.

Censuró que Domínguez Brito “sude su fiebre haciendo incriminaciones grandilocuentes que atentan contra el derecho fundamental al honor y buen nombre de que es titular Aristy Castro, en virtud del artículo 44 de la Constitución de la República.

El jurista recordó que la presunción de culpabilidad no existe en ninguna parte del mundo.

“La inocencia es un estado que el pleno de la Suprema Corte de Justicia ha considerado consustancial con el ser humano, que no se destruye con la acusación, sin importar la gravedad del delito que se impute, sino con sentencia definitiva, Hasta entonces, toda persona debe ser considerada y tratada como inocente”.

Y agregó que las circunstancias personales, familiares y patrimoniales del senador traducen en irracional la especie alegada por el procurador, en el sentido de que Amable representa peligro de fuga”.

, tras recomendarle al procurador leer el libro “Las medidas de coerción personales”, de la jueza del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez.

“Si lo hubiese leído, estuviera al tanto no solo de que inferir el peligro de fuga del tipo de infracción y de la pena imponible vulneran la presunción de inocencia, sino también de que el ejercicio de una función pública, de conformidad con el criterio jurisprudencial predominante en Latinoamérica, constituye una certeza de arraigo que descarta de plano la posibilidad de eludir la acción de la justicia”, expuso.

Afirmó que el hecho de que la Constitución les conceda a los legisladores el privilegio de ser penalmente juzgados en única instancia por la Suprema Corte de Justicia, evidencia una “jerarquía política probatoria de su vinculación funcional con la Nación que permite establecer fuera de toda duda la inexistencia de peligro procesal”.

Posted in: Noticias